El País

Daniel Plaza, concejal de Educación y Deportes, del PP, en el Ayuntamiento de Torrevieja, presentó ayer su renuncia al acta de edil. La dimisión de Plaza, campeón de marcha en Barcelona’92, se produce casi dos meses después de trascender a la opinión pública que el ya exconcejal usó su móvil oficial para llamar a teléfonos eróticos. Desde 2007 y hasta mediados de 2012, la terminal asignada a Plaza registra más de 200 llamadas a prostitutas de distintas provincias españolas.

Plaza comunicó su decisión durante una rueda de prensa en la que estuvo arropado por el alcalde, Eduardo Dolón, del PP. El exconcejal de Educación y Deportes afirmó que “en ningún momento” realizó las llamadas que se le atribuyen, al tiempo que aclaró que no ha tenido ningún problema “en ingresar los 30 euros de esas supuestas 200 llamadas”.

“No me he escondido ni antes, ni ahora, porque no tengo nada que ocultar”, manifestó Daniel Plaza, quien resaltó que se va “tranquilo, aunque con pena y desilusión”.

El edil, quien en su comparecencia ha estado acompañado también por otros miembros del equipo de Gobierno municipal, amigos y familiares, leyó un escrito, “por primera vez y para que no se malinterpreten” sus “palabras”, en el que ha definió su gestión como “intachable”.

El particular uso del móvil oficial que hizo Plaza no ha sido un caso aislado entre los concejales y asesores del PP del Consistorio de Torrevieja. Otro un edil, Eduardo Gil Rebollo, concejal de Seguridad, y siete asesores habían contratado en su móvil oficial canales porno de pago. Un tercer concejal, Javier Montoro, responsable del área de Infraestructuras, gastó en un mes 415 euros en llamadas a su novia.

La factura de los móviles del equipo de Gobierno local de Torrevieja (17 concejales y 20 asesores) ascendió a 370.00 euros entre 2007 y 2010.

La portavoz adjunta del grupo Municipal del PSPV, Fanny Serrano, señaló que la dimisión de Plaza no “es suficiente”. “Quien tiene que dimitir es el alcalde que lleva más de un mes arropándole y que hasta hace apenas una semana aseguró que ponía la mano en el fuego por su concejal Plaza”, comentó la concejal socialista.

Un nuevo enfrentamiento armado entre palestinos e israelíes ha causado al menos cuatro muertos y una treintena de heridos en Gaza, 10 de ellos graves, según indicaron fuentes médicas palestinas. Detallaron que entre las víctimas hay varios niños. Cuatro soldados resultaron también heridos, según indicó el Ejército en un comunicado. Las víctimas mortales son palestinos, que murieron por los disparos de los tanques que patrullan en las inmediaciones de Gaza. Se trata de uno de los ataques más sangrientos de los últimos meses.

A primera hora de la tarde del sábado, militantes palestinos dispararon contra un blindado israelí cerca de la frontera de la franja. La respuesta israelí no se hizo esperar. “Una patrulla del Ejército circulaba cerca de la ciudad de Gaza, al otro lado de la frontera, cuando grupos palestinos abrieron fuego y el Ejército respondió disparando”, indicó por teléfono Roni Kaplan, portavoz militar. Tanques israelíes situados al este del territorio palestino dispararon contra los habitantes del barrio de Zeitun, en el sureste de la ciudad de Gaza. La aviación israelí sobrevoló luego la zona, según relataron testigos. Otros cuatro palestinos resultaron heridos durante un ataque israelí perpetrado el sábado en Jan Yunis, al sur de la franja.

“La ocupación [israelí] que ataca a civiles supone una grave escalada que no debe quedar en silencio”, advirtió Fawzi Barhoum, portavoz de Hamás a la agencia Reuters. “La resistencia debe reforzarse para frenar la agresión”, añadió. Las autoridades israelíes también amenazaron con nuevos ataques. “El Ejército ha respondido con dureza al incidente y consideraremos nuevas acciones en los próximos días. No vamos a tolerar el deterioro de la situación en la valla de la frontera”, indicó el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, según recogió el diario Haartez en su edición digital. El Ejército emitió un comunicado en el que responsabilizó a Hamás de cualquier ataque procedente de la franja.

El goteo de muertos en la franja a consecuencia de los bombardeos israelíes es casi constante. Algunos expertos califican la situación actual de guerra de baja intensidad. Desde la invasión israelí a Gaza en las navidades de 2008, en la que murieron 1.400 palestinos, el Ejército no ha lanzado operaciones a gran escala.

El Gobierno de Hamás, el movimiento islamista que gobierna en Gaza mantiene desde entonces un alto el fuego de facto con Israel. En las últimas semanas, grupos armados palestinos, incluido el brazo armado de Hamás han disparado sin embargo una lluvia de cohetes en dirección a Israel sin causar víctimas mortales.

Esta semana, varios ataques han contribuido a elevar la tensión en la zona. Un palestino de 13 años murió por los disparos israelíes, mientras que uno de los túneles utilizados para el contrabando de armas fue destruido. Otro palestino, esta vez de 20 años murió el martes en otro ataque. Además, un artefacto colocado por milicianos palestinos hizo explosión junto a un jeep militar israelí que quedó destrozado e hirió levemente a un soldado.

Kutxabank, el banco surgido de la fusión de las cajas de ahorro vascas, suspenderá "de forma inmediata" todos los procedimientos de ejecución hipotecaria hasta que se conozca la nueva regulación en la materia.

La entidad ha informado esta tarde en un comunicado que el presidente de Kutxabank, Mario Fernández, "ha dado instrucciones para que la entidad suspenda de forma inmediata todos los procedimientos de ejecución hipotecaria, en tanto en cuanto se conozca la nueva regulación que afectará a los mismos", informa Efe.

Kutxabank ha precisado que la resolución dictada por el presidente de la entidad afecta solo a las hipotecas sobre primeras viviendas. Fuentes de Kutxabank han puntualizado que se trata de una "iniciativa" de la entidad financiera.

Bankia ha aceptado la entrega de la casa para saldar la deuda hipotecaria, conocido como dación en pago, en 4.300 ocasiones entre 2011 y este año. El banco ahora nacionalizado ha adecuado también un total de 80.000 préstamos desde 2009 en el conjunto de España.

En un comunicado, la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri ha realizado estas consideraciones después de alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para evitar que se quedara sin casa una vecina que llevaba cinco días en huelga de hambre frente a una sucursal de la entidad tras ser desahuciada de su vivienda, informa Europa Press.

"Bankia tiene una disposición permanente a negociar y llegar a acuerdos con sus clientes", ha explicado el banco nacionalizado, que garantiza que su posición en la negociación con la clienta de Tenerife no sufrió ningún cambio. "Y no se ha visto influenciada por la presión de autoridades o plataformas", ha subrayado.

Otra de las entidades que se han referido durante este sábado a los desahucios es el Banco Popular. Según la entidad, en los últimos tres años han tenido 17 casos, y en todos ellos han llegado a un acuerdo con los afectados, que ha incluido el establecimiento de un alquiler social hasta que se salda la deuda. Y añade que no va a dejar a nadie en la calle.

La celebración del Día de la Memoria ha estado marcada un año más por la división, en una jornada en la que la demanda de EH Bildu de recordar a "todas" las víctimas ha sido respondida por el lehendakari en funciones, Patxi López, quien ha acusado a la coalición de llevar a cabo un "doble juego". Las instituciones vascas han vuelto a conmemorar por separado este día ante la falta de acuerdo entre los partidos que las dirigen sobre a qué víctimas se debe homenajear hoy.

Precisamente, este desacuerdo ha provocado la desconvocatoria del acto previsto en el Parlamento Vasco, en el que, sin embargo, se han colocado flores y se ha encendido el pebetero en recuerdo de este colectivo. En el homenaje que han acogido los jardines del Palacio de Ajuria Enea, López se ha referido, sin equiparaciones, tanto a las víctimas del terrorismo como a las de las fuerzas policiales, aunque ha dejado claro que se puede hablar de éstas y de otra política penitenciaria, pero "sin tratar de diluir la responsabilidad" de ETA y de "quienes le alentaban y le aplaudían".

En este sentido, el lehendakari ha denunciado el "doble juego" de EH Bildu, cuya portavoz, Laura Mintegi, secunda hoy una manifestación en Bayona a favor de los presos de ETA. Así, ha asegurado que la izquierda abertzale "hace tímidos gestos de reconocimiento a las víctimas con una mano y con la otra sigue acariciando la espalda de los victimarios".

EH Bildu, por su parte, ha hecho público un comunicado en el que ha afirmado que "es necesario el reconocimiento de todas las víctimas para la construcción de una paz justa y duradera en Euskal Herria", para "terminar con la clasificación de víctimas". Además, en Gipuzkoa, sus Juntas Generales, presididas por Bildu, han celebrado también un sencillo evento, que ha contado con la representación de todos los grupos junteros.

El resto de las principales instituciones también se han sumado al Día de la Memoria. Además del evento presidido por López, el Gobierno Vasco ha rendido un homenaje en la Academia de la Ertzaintza a los 38 policías asesinados por ETA, cuya memoria ha reivindicado la consejera vasca de Interior en funciones, Idoia Mendia, "como referente de un futuro en paz". También en Vitoria, las Juntas Generales, la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de la ciudad, instituciones todas dirigidas por el PP, han hecho un acto conjunto ante el monolito en recuerdo de las víctimas obra de Agustín Ibarrola.

Con la presencia de todos los partidos, también de Bildu, De Andrés ha leído una declaración en la que ha reivindicado que la historia vasca sólo podrá escribirse "haciendo justicia" a las víctimas del terrorismo, cuya actitud ha considerado "imprescindible para hacer frente a quienes querían destruir la convivencia desde posturas totalitarias".

El alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, ha presidido el acto organizado por el Ayuntamiento de la ciudad, al que han acudido representantes de todos las formaciones, entre los que se encontraba el presidente del PNV y previsible futuro lehendakari, Iñigo Urkullu. Azkuna ha recordado que toda la sociedad fue "víctima de quienes intentaron alcanzar el poder por el terror y de quienes apoyaron las actuaciones violentas".

Tras opinar que la situación ahora "ha ido a mejor", ha advertido de que "para restañar las heridas hay que seguir teniendo memoria y escribir la historia tal como sucedió, sin trampas".

La directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa, ha acudido a los homenajes de la Academia de la Ertzaintza y del Palacio de Ajuria Enea, en las que serán dos de sus últimas apariciones al frente del cargo, en el que no continuará por decisión propia. El lehendakari ha aprovechado esta oportunidad para agradecerle públicamente su trabajo.

El PSOE, que iniciará el lunes con el Gobierno una negociación "de urgencia" para cambiar la normativa que regula los desahucios ante las situaciones dramáticas que se están viviendo en los últimos meses, va a proponer que la nueva ley se aplique no solo a las futuras hipotecas y las ya firmadas -como había sostenido hasta ahora- sino también a "las hipotecas que están en ejecución", según ha dicho esta mañana Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general de los socialistas. El objetivo es "que nadie se quede sin casa por no poder pagar", estableciendo mecanismos que permitan a las familias quedarse en su piso pagando un alquiler barato, por ejemplo.

Rubalcaba no ha precisado en qué momento se consideraría que el desahucio está "en ejecución" (hay un proceso que puede durar dos años entre que se dicta la medida y se echa a la familia a la calle) ni si eso supondría aplicar la ley de forma retroactiva (algo jurídicamente muy delicado), pero se ha mostrado convencido de que es posible habilitar una fórmula para que la modificación legal beneficie al mayor número de personas posible. No a todos los desahuciados, ha subrayado también, sino a aquella gente "de buena fe" que no puede pagar el piso por una dificultad "sobrevenida". Básicamente, por haberse quedado en paro en un momento crítico de la economía española.

La semana pasada, al presentar su propuesta de ley sobre este asunto, la responsable de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, afirmó que se aplicaría a hipotecas "firmadas", pero no a desahucios en marcha porque eso implicaría retroactividad y las leyes no pueden aplicarse retroactivamente. Los socialistas creen ahora, sin embargo, que es viable encontrar una vía intermedia para actuar en algún momento del proceso, con desahucios ya en ejecución. Lo hablarán con el Gobierno el lunes.

Rubalcaba ha admitido las críticas de quienes, durante la pasada legislatura, alertaron del drama de los desahucios sin que el Gobierno del PSOE hiciera nada (los socialistas se negaron entonces a votar propuestas de IU como la de dación en pago, bastante menos ambiciosas que las que defienden ahora). "Estamos intentando salir al paso de los errores cometidos cuando gobernábamos. No tomamos entonces las medidas que debíamos y eso ha conducido a una situación que no pensábamos. Nos equivocamos. Sí, esta proposición de ley es una autocrítica", ha dicho quien fue vicepresidente de aquel Gobierno.

Al cuello de Artur Mas. Y de paso también del PSOE, para arañarle votos. Mariano Rajoy está lanzado ya en su segundo día de campaña catalana. Y se lanza directamente contra el president, que según él no ha tenido “agallas” para aguantar las decisiones difíciles de una crisis y se ha buscado un enemigo exterior. Pero sobre todo, le acusa de haberle hecho en La Moncloa un “chantaje” –nunca había usado esta palabra hasta ahora tan directamente- para lanzarse después a “una aventura condenada al fracaso”, esto es su plan independentista.

“El buen gobernante no rompe la baraja. Su obligación es abordar los problemas y no salir corriendo hacia ninguna parte. Mientras el mundo crea espacios comunes, deja atrás las fronteras, algunos creen que el futuro de Cataluña pasa por rodearse de muros exteriores y cavar zanjas entre los catalanes”, ha dicho Rajoy.

“No hagáis caso a los que quieren dividir, a los que buscan enemigos exteriores, a los que dicen que hay desafección; no es verdad, ese es el argumento de quien no tiene cuajo ni agallas para aguantar”, al frente de un Gobierno en crisis, ha rematado el presidente.

Para los socialistas también ha tenido un mensaje duro. El PP aspira a ser el segundo partido por el hundimiento del PSC y pretender robar votos de todos, del PSC y también de Unió. “Hoy unos improvisan proyectos de ultima hora para ocultar su falta de proyecto nacional, ¡quién te vio y quién te ve PSOE!”, ha señalado en referencia a la apuesta por el federalismo.

Siempre en tono durísimo, Rajoy ha planteado que solo el PP puede frenar al independentismo y ha pedido los votos de todos, sin ideologías, para defender la unidad de España: “El día 25 no se vota una política económica concreta. Pido el voto para los que se sienten catalanes y españoles. Votar por la Cataluña de todos, por el amor compartido de Cataluña y España, no es de izquierdas ni de derechas. Pido el voto de quienes viven un catalanismo integrador. El 25-N hay que votar por lo que nos une. Para una Cataluña como punto de encuentro”. Si hace dos semanas recuperó la idea de la España plural, en la que hoy ha insistido, Rajoy ya se anima incluso a reivindicar el catalanismo.

“Mas vino a La Moncloa y planteó si no haces lo que yo digo disuelvo y organizo este lío. Ese chantaje no se puede aceptar de ninguna de las maneras”, ha insistido Rajoy para rematar: “El proyecto de Mas es una aventura condenada al fracaso”.

Mientras, Alicia Sánchez Camacho, la candidata del PP, también se ha lanzado contra Mas: “No queremos un mesías que nos lleve 40 años por el desierto como hizo Moisés. Mas nos lleva a un discurso de hispanofobia. No necesitamos un Gobierno que nos lleve al abismo y a la tierra prometida que nunca llegará. Este es el único partido serio para defender la unidad de España”. Sánchez Camacho prometió que el PP, si gobierna, eliminaría precisamente lo que acaba de implantar otro Gobierno del PP en Madrid: el euro por receta.

El líder del PP elogió el trabajo de la líder del partido en Cataluña y la puso como garante de la pluralidad: "Solo Alicia Sánchez Camacho puede frenar a quienes pretenden apropiarse de una Cataluña que es plural y es de todos. La voz de Alicia es la voz de quien no tiene miedos ni complejos. De los que proclaman sin miedo que se sienten españoles. No queremos que nadie imponga a nadie sus ideas porque España es plural y Cataluña también es plural".

Un pequeño grupo ha interrumpido durante un momento el mitin de Rajoy al grito de “No es una crisis, es una estafa”. Los militantes los han echado bruscamente a gritos de “Fuera, fuera”, mientras Rajoy trataba de calmar a su gente. “Venga, venga, vamos, vamos”; insistía. Tanto en Lleida como en Tarragona el presidente se ha encontrado con pequeños grupos a la entrada de sus mítines que le abucheaban.

La presión social, política y, sobre todo, la conmoción por hechos tan abrumadores como dos suicidios en las últimas semanas, el segundo el viernes, ha llevado al Gobierno y al PSOE a moverse más rápido. Ambos aceleraron los contactos para avanzar hacia un acuerdo para frenar los desahucios más extremos que, en todo caso, no se materializará hasta la próxima semana. Ese acuerdo, no obstante, no tendrá carácter retroactivo y sería aplicable a hipotecas firmadas, pero no a las que están en proceso de ejecución. Es decir, no serviría para casos como el de Amaya Egaña, la mujer que se suicidó en Barakaldo. A lo más que podría llegar el acuerdo es a obligar a los bancos a poner un porcentaje de su parque de inmuebles para alquiler social y realojar a personas desahuciadas.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, solemnizó la idea durante un mitin electoral en Lleida: “Estos días vemos cosas terribles, situaciones inhumanas, una persona se ha suicidado cuando la iban a desahuciar. Es un tema difícil, que hay que tomárselo con toda la seriedad y humanidad. El Gobierno está hablando con muchas personas, hemos hablado esta mañana con el PSOE. Espero que podamos hablar el lunes de la paralización temporal de desahucios que afectan a las familias más vulnerables. Y de los umbrales de exclusión, para aplicar mejor el código de buenas prácticas, para que se pueda renegociar la deuda y permanecer en la vivienda. Es un tema difícil, espero que pronto podamos darle buenas noticias al conjunto de los españoles”.

Las opiniones que se oyen pidiendo el cambio de leyes procedieron de jueces, del Consejo General del Poder Judicial, la Defensora del Pueblo y hasta la Iglesia. Así, el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, abogó por hallar solución al “problema angustioso de los desahucios”, y el obispo de Bilbao, Mario Iceta, pidió urgencia.

Empujado por esta presión y el clamor social por los desahucios, el PSOE, a través de su número dos, Elena Valenciano, llamó a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Ambas se mostraron “conmocionadas” por el suicidio de Barakaldo. También ha hablado estos días la secretaria socialista de Economía, Inmaculada Rodríguez-Piñero, con el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el subsecretario de Economía, Miguel Temboury, para perfilar las “medidas urgentes” que se podrían poner ya en marcha.

En paralelo, desde La Moncloa se impulsaron contactos entre los ministerios de Presidencia y de Economía para cerrar una propuesta concreta y difundir esos preparativos. De esos contactos salió el adelanto de que el Gobierno propondrá una moratoria de dos años para las ejecuciones de hipotecas en casos extremos, tal y como se pedía también en la proposición de ley del PSOE. Esa iniciativa la llevará el Ejecutivo el próximo lunes a la comisión creada con el PSOE para buscar soluciones. En todo caso, ya tenían previsto reunirse el lunes y lo que se hizo ayer fue reafirmar la voluntad de acuerdo, dar imagen de actividad (ayer fue festivo en Madrid) y avanzar algunos detalles desde el Ejecutivo.

Fuentes del Gobierno y del PSOE explican que, inicialmente, había resistencia en algunos ministerios a acometer una reforma legal y se mantenía únicamente la opción de modificar el Código de Buenas Prácticas, flexibilizando los umbrales de exentos de desahucios. El Ejecutivo trasladó la opinión negativa de los bancos, que consideraban que al generalizar la limitación de los desahucios se corría el riesgo de provocar contagio de impagados que lastrara su situación. Ahora, el Gobierno acepta cambios de leyes, pero buscando la forma de evitar esa generalización de impagos.

El PSOE mantiene la necesidad de modificar cinco leyes por entender que es preciso equilibrar una situación que, en este momento, favorece al banco muy por encima del deudor. Los socialistas se volcaron ayer en pedir a los bancos que frenen las ejecuciones de los desahucios, informa Vera Gutiérrez Calvo. Para eso, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, remitió sendas cartas a los responsables de la Asociación Española de la Banca (AEB) y de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) para pedirles “que procedan a la paralización de todos los procedimientos de desahucio hipotecario en curso hasta tener una nueva regulación sobre esta materia”. Rubalcaba, ante estos “dramas humanos muy dolorosos que provocan alarma en una sociedad democrática” se pone a disposición de Miguel Martín, presidente de la AEB, y de Isidro Fainé, presidente de la CECA, para reunirse y “profundizar tanto como sea necesario (...) con el fin de evitar nuevas ejecuciones hipotecarias”.

El coordinador de IU, Cayo Lara, exigió tanta celeridad para cambiar esa ley como la que tuvieron PP y PSOE para modificar la Constitución en 15 días: “Si no se hace lo mismo en este trágico problema es que algunos pretenden tomar el pelo a la sociedad”.

El presidente del Banco Popular, Angel Ron, ha avanzado que el precio de las nuevas acciones que la entidad emitirá para ampliar capital por hasta 2.500 millones de euros se situará en 0,401 euros, lo que implicará un descuento del 64% sobre el precio de mercado del pasado viernes (1,118 euros) y del 31,6% sobre el valor teórico exderechos. La entidad intenta evitar recurrir a las ayudas públicas para cumplir con los nuevos requisitos de capital que se le exige al sector.

En la junta general de accionistas extraordinaria, Ron además ha detallado que 15 bancos de inversión tanto nacionales como internacionales aseguran un total de 2.080 millones de euros. El presidente de Popular ha confiado en el "éxito" de esta operación para permitir al banco en solitario y sin necesidad de recurrir al camino "fácil, pero incierto".

La ecuación de canje será de tres nuevas acciones por cada acción existente. Tras la ampliación, Ron ha vaticinado que la acción de Popular no cotizará por debajo de su valor en libros.

Un teniente español ha resultado herido leve y un militar afgano muerto en un insider attack (ataque interno), que es como denomina la OTAN a los ataques perpetrados por insurgentes que se infiltran en el Ejército afgano. El ataque ha tenido lugar sobre las 10.15 de esta mañana hora local (6.45 en Madrid) cuando al menos dos militares afganos abrieron fuego y lanzaron varias granadas de mano en la base del Ejército afgano en Moqur, en la provincia de Badghis.

Un teniente español, que forma parte de un MAT (Equipo de Asesoramiento Militar), dedicado a instruir a los militares afganos, ha resultado alanzado en el brazo izquierdo por esquirlas de metralla. El teniente ha sido evacuado al hospital de campaña Role 2 de la base española de Qala-i-Naw, donde se recupera de sus heridas, que no revisten gravedad.

Tras el ataque en la base afgana, los agresores se han dado a la fuga perseguidos por el Ejército afgano y, al pasar frente al COP (Puesto Operativo de Combate) Ricketts, que ocupan las tropas españolas, han disparado.

Según fuentes militares, los centinelas han repelido la agresión y han alcanzado mortalmente a uno de los atacantes, mientras que el otro se ha refugiado en la cercana localidad de Moqur, donde ha sido detenido por el Ejército afgano. Debido a la confusión que todavía rodea las circunstancias del ataque, se baraja la posibilidad de que haya un tercer agresor, que habría conseguido escapar.

Junto a los artefactos explosivos improvisados (IED), los insider attacks (también denominados green on blue) constituyen la mayor pesadilla de la OTAN y han causado más de medio centenar de bajas entre las tropas aliadas en Afganistán en lo que va de año. Dos guardias civiles y un traductor que trabajaba para el Ejército español perdieron la vida en agosto de 2010 a manos del chófer de un jefe local de la policía afgana. Los más expuestos a este tipo de ataques son los miembros de los MAT, integrados cada uno por 25 militares, que trabajando codo con codo con los militares afganos a los que instruyen.

El ataque se produce un día antes de que mañana la Brilat (Brigada Ligera Aerotransportable) releve a la Bripac (Brigada Paracaidista) en Afganistán. El relevo coincide con una reducción del 10% del contingente (integrado hasta ahora por 1.521 efectivos) y supone el primer paso del repliegue, que debe completarse en 2014.

Desde el pasado día 1, la responsabilidad de la seguridad en la provincia de Badghis ha pasado a manos del Ejército afgano, al que los militares españoles prestan apoyo y asesoramiento. Está previsto que antes de mayo de 2013 las tropas españoles abandonen los puestos de combate de Moqur y Ludina y en otoño se replieguen a Herat, evacuando la base de Qala-i-Naw y toda la provincia de Badghis.

Decenas de miembros de las fuerzas de seguridad sirias han muerto hoy al explotar dos coches bomba cargados con explosivos en un campo militar en la ciudad de Deraa, al sur del país, según han informado varios activistas, en lo que parece ser un doble ataque suicida.

El primer automóvil irrumpió en el jardín trasero del campo y explotó, seguido por un segundo vehículo, que fue el que ocasionó la muerte de los militares, según ha informado en un comunicado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, radicado en Reino Unido. Según la organización, también se ha registrado una tercera explosión que no ha ocasionado bajas y cuya causa se desconoce.

El activista Omar al Haririr, residente en Deraa, ha señado a Efe vía internet que los muertos y heridos se cuentan por decenas ya que es una de las zonas del país donde se concentran numerosos efectivos militares del régimen, mientras que la agencia de noticias Sana únicamente señala que los atentados han dejado numerosas víctimas.

La ciudad de Deraa, situada en la frontera sur con Jordania, está considerada la cuna del levantamiento de casi 20 meses de duración contra el régimen del presidente Bachar el Asad.

El año pasado, la canciller Angela Merkel anunció que Alemania necesitaría 100.000 ingenieros en la próxima década y sugirió que muchos de ellos podrían ser españoles. Palabras mágicas en un momento de paro desbocado en España, que llevaron a muchos a plantearse la posibilidad de emigrar inmediatamente a ese país. El principal problema para hacerlo, en la mayoría de los casos: no saber ni una palabra de alemán. Según un reciente Eurobarómetro, solo el 2% de los españoles es capaz de comunicarse en este idioma, frente a una media del 11% en la Unión Europea.

Aquellas palabras de Merkel han quedado en los anales de la historia reciente como el pistoletazo de salida de una especie de fiebre por aprender alemán inédita en España. Una moda que ha convertido en habituales las colas para conseguir plaza en las escuelas oficiales de idiomas, más económicas que las academias privadas, y en alguno de los selectos cursos del Instituto Goethe. El fenómeno sigue en aumento, pero los profesionales consultados tienen dudas sobre si asistimos a una época dorada para el alemán en España o un mero impulso efímero que ya ha sido bautizado como el efecto Merkel.

Todavía no hay cifras que permitan conocer el crecimiento total de alumnos en los dos últimos años, aunque algunos datos parciales confirman una importante tendencia al alza. El Instituto Goethe, por ejemplo, estima que sus matriculaciones pueden haber subido en torno a un 30%, mientras que la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas (FECEI) calcula que en las academias privadas se están duplicando anualmente. Pese a ello, el porcentaje respecto al inglés sigue siendo mínimo. “En torno al 90% de nuestros estudiantes son de inglés y el 10% restantes se lo reparten el resto de los idiomas, con alrededor de un 2% para el alemán”, asegura el presidente de FECEI, Richard Johnson.

María Jesús Gil, directora del departamento de alemán de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense, asegura que el número de estudiantes de la rama germana ha aumentado en los dos últimos cursos y que se está acercando al de la inglesa. “Es evidente que aunque las estadísticas no lo reflejen todavía, el interés por el alemán se disparó tras el anuncio de la canciller. Pero no podemos esperar que el efecto Merkel dure toda la vida. Tenemos que trabajar para que no se quede en algo pasajero y sacarle partido a largo plazo”, opina Michael Höfig, responsable del Servicio Pedagógico del Instituto Goethe de Madrid. Al ritmo actual, Höfig cree que en poco tiempo el número de hablantes en España podría pasar del 2% actual al 4% que alcanza Francia, según el Eurobarómetro. “Un nivel muy aceptable teniendo en cuenta las cifras tan bajas de las que partimos”, apunta.

Aunque no están claras las dimensiones del fenómeno, sí lo está el perfil predominante del nuevo alumno: estudiante o recién licenciado que maneja la posibilidad de emigrar a Alemania en un futuro si no encuentra trabajo en España. “Es un perfil muy diferente del que teníamos antes, que venía más bien por razones culturales que profesionales”, afirma Matilde Cerrolaza, directora de la academia Tandem de Madrid, una de las pioneras en la enseñanza del alemán en la capital, que este curso ha aumentado un 60% sus matriculaciones.

El mismo perfil se está imponiendo también en las aulas del Instituto Goethe, hasta el punto de que sus responsables se han visto obligados a adaptar algunos programas formativos a la nueva realidad. “Ya no basta con un conocimiento general del idioma, nos piden además nociones para desenvolverse en el mundo laboral. Hemos tenido que renovar algunos métodos y crear cursos especiales, como el destinado a superar una entrevista de trabajo en alemán, para responder a las demandas de los nuevos alumnos”, revela Manfred Ewel, director académico de la institución en Madrid.

El objetivo laboral es, pues, evidente entre los nuevos perfiles. Pero ¿se puede aprender “de urgencia”, en unos pocos meses, el suficiente alemán para conseguir un trabajo? ¿Cuál es el nivel de exigencia de las empresas? ¿Se puede aspirar a algún puesto sin comprender palabra? “Depende del tipo de compañía. Algunas multinacionales contratan trabajadores que únicamente sepan inglés, pero en general las compañías medianas alemanas o las clínicas que buscan médicos, por ejemplo, requieren al menos un nivel medio”, explica Walter von Plettenberg, director gerente de la Cámara de Comercio de Alemania en España. En todo caso, Von Plettenberg recomienda tener unos conocimientos básicos antes de lanzarse a cualquier aventura. Y pone el ejemplo de algún caso de “candidatos que fueron rechazados porque no supieron transmitir adecuadamente lo que sabían hacer durante la entrevista de trabajo”, asegura.

Manfred Ewel advierte de que a la hora de ponerse a estudiar alemán no hay que tener en cuenta solo el factor “estoy en paro”. Hay que analizar también otros aspectos, como qué tipo de trabajo se pretende conseguir, el tiempo del que se dispone y la facilidad que uno tenga para los idiomas. Si no, lo que empieza como una iniciativa esperanzadora puede convertirse en una pesadilla. El director académico del Goethe de Madrid pone un ejemplo: en un curso intensivo que organizó hace poco para 15 médicos preseleccionados por una clínica alemana, financiado por la propia empresa, resultó que tres no superaron el primer examen porque tenían más dificultades que el resto para aprender. “Y se quedaron sin trabajo después de darlo casi por seguro”, recuerda Ewel. Y avisa: “Un 20% de los alumnos se quedan rezagados en cada grupo”.

El presidente de FECEI señala además que el alemán es mucho más difícil para los españoles que el inglés. “No porque en sí sea mucho más complicado, sino porque resulta menos familiar. El inglés nos rodea por todas partes, en la publicidad, la televisión, el cine, la música, mientras que para escuchar alemán y practicarlo hay que tener voluntad”, razona Johnson. “Por eso muchos alumnos acaban dejándolo a mitad de curso, en mayor proporción a medida que aumenta la edad. La tasa de abandono en alemán no está calculada, pero es seguro que supera al 30% que alcanza el inglés”, añade.

Con esta dificultad añadida, los expertos aseguran que se necesitan unos dos años —o la mitad de tiempo en programas intensivos— para alcanzar el nivel medio que requieren las empresas. Si solo se exige un conocimiento básico, basta con seis meses intensivos. Y advierten de que no hay que dejarse cegar por esas ofertas que prometen enseñarnos a hablar alemán en tres meses. Ni pensar que un curso de 100 horas, como el que la Comunidad de Madrid ha anunciado que ofrecerá a partir de enero de forma gratuita a 20.000 parados, puede servir para aprender poco más que herramientas de comunicación básica. “Sirven para tener una primera toma de contacto con el idioma, pero no para adquirir ni siquiera un nivel básico”, considera Ewel.

Hay que tener cuidado también con la calidad de esos cursos organizados a toda prisa para atender la creciente demanda. “Al aumentar las solicitudes de forma tan rápida, hemos tenido que contratar nuevos profesores en muy poco tiempo. Y no nos ha resultado fácil encontrarlos con la preparación que exigen nuestros estándares de calidad”, reconoce Manfred Ewel. “Suponemos que algunos que nosotros hemos rechazado han encontrado trabajo en academias privadas necesitadas de nativos. Pero no basta con ser nativo para enseñar una lengua, hay que tener una formación pedagógica adecuada”, recuerda.

Si el idioma alemán resulta difícil para los españoles, tampoco el estilo de vida germano parece haberles atraído demasiado hasta ahora. Por eso, en el Instituto Goethe esperan que otra de las consecuencias del efecto Merkel, aparte del aumento del interés por la lengua, sea un cambio en la visión general que tiene de Alemania la población española. “A un alemán le resulta mucho más atractivo vivir en España que a un español en Alemania. Es un hecho que a los alemanes les encanta venir a España, no solo a las zonas costeras, sino también a trabajar, mientras que a los españoles les cuesta lanzarse a emigrar a este país”, sostiene Manfred Ewel.

Un dato que corrobora esta afirmación: mientras que en España hay un millón de alemanes y más colegios alemanes que en todo el mundo, en Alemania solo hay 130.000 españoles, de los cuales únicamente cotizan 46.026. Y otro apunte: a pesar del efecto Merkel, desde que la canciller lanzó su invitación a los ingenieros, el censo de trabajadores españoles en ese país ha aumentado en solo 5.000 personas, según un informe publicado en agosto por la Oficina Federal de Empleo alemana.

“Es cierto que la intención de emigrar ha aumentado en este tiempo, pero no podemos afirmar que eso se esté reflejando en un éxodo masivo como a veces han dejado entrever los medios de comunicación”, subraya Walter von Plettenberg. “Por otra parte, aunque no se esté dispuesto a emigrar, aprender alemán puede ser muy útil en la actual coyuntura también en España”, continúa el director gerente de la Cámara de Comercio alemana. “Aquí hay unas 1.100 empresas alemanas, con cerca de 300.000 empleados. Al ser grupos internacionales, la mayoría no dan tanta importancia al alemán como al inglés, pero el alemán puede ser un elemento diferenciador a la hora de conseguir un trabajo en alguna de estas compañías”, explica.

Una manera de medir si el alemán aumentará de verdad su presencia en España en el futuro, más allá del aumento coyuntural de estudiantes, es analizar su relevancia en las enseñanzas primaria y secundaria. Las últimas estadísticas del Ministerio de Educación, que recogen los datos del curso 2009-2010, señalan que solo el 1,6% de los alumnos estudia este idioma en alguna de las etapas de la educación no universitaria, mientras que el 86,3% aprende inglés y el 14,8% se inclina por el francés. Michael Höfig cree que posiblemente las cifras hayan aumentado un poco este año, fundamentalmente en la enseñanza privada, pero aun así considera que es un proceso lento que puede llevar años. “En la escuela pública es muy complicado implantar cualquier programa nuevo, y más ahora con los recortes”, lamenta.

Más flexible parece la escuela privada. “Muchos colegios nos están llamando para que les aconsejemos sobre métodos formativos. Se nota que los padres lo piden cada vez más”, explica Höfig. La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada aún no tiene datos concretos sobre la respuesta que está dando el conjunto de sus asociados a esta creciente demanda, pero su vicepresidente, Juan de Santiago, asegura que el alemán está ganando terreno al francés. “La proporción tradicional es que dos tercios de los alumnos estudian francés como segundo idioma y un tercio solicita alemán, pero en un par de años vemos que esta distribución ha variado”, afirma.

Juan de Santiago cree también que los padres se preocupan cada vez más por los idiomas que estudian sus hijos. “Es una decisión que ya no se toma a la ligera, lo meditan mucho y piden asesoramiento. Antes la mayoría dejaba que fuera el alumno el que eligiera el segundo idioma, en función de sus gustos o inclinaciones, pero ahora se mira más el aspecto práctico. Tanto el alemán como el chino están entre estas nuevas opciones prácticas para el futuro”, concluye.

Una corte de Piura, departamento del norte del Perú, ha absuelto a 107 personas -entre comuneros, dirigentes locales, periodistas y autoridades provinciales- de delitos de los que habían sido acusados después de que la policía los retuviera en un campamento minero y los torturara por oponerse al denominado proyecto Majaz en 2005. La información fue difundida por la ONG Federacion Ecumenica para la Paz, que asumió la defensa legal de los inculpados irregularmente por los delitos.

A principios de agosto de 2005, un grupo de comuneros, un periodista de una radio local, líderes ambientalistas y alcaldes provinciales emprendieron una marcha hacia la entrada del campamento del proyecto minero, de capitales britanicos, situado en Huancabamba, provincia serrana de Piura para quejarse de afectaría a  su acceso a recursos naturales. Entonces, vigilantes privados de Forza -que prestaba servicios de seguridad a la empresa que luego se denominó Rio Blanco Copper- y efectivos de la Policía Nacional se enfrentaron a ellos y los secuestraron un par de días. En el campamento, los golpearon, los envolvieron en sacos de tela, abusaron sexualmente de un par de mujeres y los amenazaron de muerte.

Como resultado de esas agresiones, un hombre murió. El fiscal de Huancabamba, Lorenzo Toledo Leyva, que vio al grupo en tales condiciones, heridos y atados, los acusó luego -falseando pruebas- de robo de armas de fuego, entorpecimiento de servicios públicos, y complicidad en delitos contra la vida, entre otros delitos.

En julio del año pasado, la empresa Rio Blanco -demandada civilmente por abogados peruanos con el apoyo de un defensor britanico ante los altos tribunales de Londres- aceptó una negociación y decidio indemnizar a los agraviados, con el fin de no llegar al juicio oral en Gran Bretaña, pero el proceso continuó en el Perú.

Siete años después los tribunales han absuelto a los 107 ciudadanos y ha empezado el juicio contra el fiscal de Huancabamba por delito de omisión de denuncia, lo cual se suma a una condena previa por delito de corrupción de funcionario, por la que ya estaba preso. La resolución judicial llega además cuatro meses despues de que la empresa, hoy de capitales chinos, anunciara a los alcaldes provinciales de Huancabamba y Ayabaca su interés de retomar el proyecto minero de extraccion de cobre.

En la ultima década, casos similares de muertos y heridos en conflictos sociales relacionados con la minería, han sido archivados o han tardado muchos años en ser resueltos, de modo que los responsables de las muertes, heridas o torturas contra los que protestaban quedan sin sancion.

La cadena de televisión pública británica BBC ha pedido perdón sin reservas por una información difundida en el programa Newsnight que condujo a que se implicara erróneamente a un veterano político en un escándalo de abusos a menores en una casa de acogida de Gales. Durante el programa, la víctima, Steve Messham, acusó, sin dar nombres, a un líder conservador de los 80 en los abusos. Luego, las redes sociales e internet apuntaron directamente a Lord McAlpine, que fue tesorero del partido de Margaret Thatcher. Finalmente, Messham desmintió que hubiera aludido a McAlpine y pidió disculpas.

La víctima de abusos aseguró después de ver una imagen de McAlpine que no era la persona que identificó en una supuesta fotografía del lord que le presentó a principios de los 90 la policía.

La BBC anunció también que interrumpía inmediatamente todas las investigaciones del programa. Antes, lord McAlpine dijo que las acusaciones eran “totalmente falsas y seriamente difamatorias”. Su abogado, Andrew Reid dijo que su defendido tomará medidas legales contra aquellos que lo mencionaron y lo vincularon a las falsas acusaciones.

El comunicado de la BBC, difundido el viernes por la tarde y también al principio del programa Newsnight dijo: “El 2 de noviembre Newsnight emitió un información que investigaba las críticas al Tribunal sobre Abusos del Norte de Gales. La información incluía una entrevista con Steve Messham, una víctima, que dijo que un veterano político había abusado de él. Difundimos el testimonio, pero no identificamos al supuesto culpable. Esta tarde, en un comunicado, Messham ha dejado claro que confundió la identidad de su agresor y ha pedido perdón. Nosotros también pedimos disculpas sin reservas por haber difundido esa información”.

Algunas de las instituciones más veneradas de Reino Unido, como la BBC, la policía y el Servicio Nacional de Salud han tenido que lidiar en las últimas semanas con su responsabilidad en el escándalo de Jimmy Savile, histórico presentador de la cadena pública británica, de quien se supo el pasado mes de octubre que fue aun prolífico abusador y pederasta.

Empotrado en la London School of Economics, el Centro Cañada Blanch es un pedazo de España en el corazón de Londres. Rodeado de un millón de libros, su director, el hispanista Paul Preston, recibe allí al periodista para comentar la edición actualizada de su biografía del rey de España, Juan Carlos. El rey de un pueblo. Aunque la primera edición, publicada hace tan solo 10 años, está aún fresca, la rapidez con que se están sucediendo los acontecimientos en España, con la monarquía y en particular la figura del propio monarca en entredicho, le han obligado a añadir un capítulo en el que aborda el deterioro de la imagen de Juan Carlos I.

Un deterioro que a él no le ha hecho cambiar de opinión ni sobre la figura del rey ni sobre el papel de la monarquía española. “En todo momento he intentado ser justo: no he dicho que no iba a cazar elefantes o que no conociera a ninguna princesa alemana. Eso está ahí. Pero creo que al final sigue siendo un retrato favorable. ¿Y eso por qué? Porque yo, que no soy monárquico, creo que debido a la crispación y todo eso la monarquía constitucional tiene un papel primordial para la democracia en España”, asegura.

“Igual me equivoco, pero creo que si ahora mismo hubiera una república, con los odios y las crispaciones que hay… ¿Quién sería el presidente? O Aznar, o Felipe, por ejemplo. Imagine lo que eso supondría. No oculto que admiro a Felipe, pero dado el nivel de crispación, lo que ofrece la monarquía es una jefatura de Estado neutral. Y eso es fundamental. Y por eso estoy más dispuesto a decir que si se pueden arreglar los problemas, mejor. Sé que diciendo esto voy a disgustar a mucha gente, pero la monarquía todavía es muy importante. Quizás en el futuro no, pero en este momento sí”, sentencia.

Preston no solo piensa así por pragmatismo. Aunque rechazó la posibilidad de entrevistar al Rey para no perder su independencia como autor, al indagar en el pasado del monarca fue descubriendo las dificultades por las que pasó. “Para hacer una buena biografía hay que crear la ilusión de haber conocido al personaje. En el caso de él podía haberlo conocido, pero no quise para no sentirme cohibido. Y mientras escribía pensaba ‘pero qué vida ha llevado ese chico, cuántas cosas le hicieron en su familia’. Le utilizaron como un peón en el juego de ajedrez de restablecer la monarquía. Y lo pasó muy mal. Luego yo creo que tuvo un papel realmente heroico durante la transición. Finalmente, o sea, a partir de los años ochenta, el Rey Juan Carlos ya no tiene esas urgencias, ya no es el bombero de la democracia, pero sigue trabajando mucho, sobre todo como embajador de España, difícilmente se le puede criticar por buscar finalmente algún premio de cariño, alguna amiga. No es que me parezca bien, pero lo puedo entender”. Aunque no lo dice de forma tan directa, Preston parece insinúa que don Juan Carlos está muriendo de éxito: su reinado perdió contenido con la consolidación de la democracia. “Quise escribir su vida con dos finalidades. Una era recrear el personaje, sus sufrimientos, cómo era de niño y de adolescente, de adulto. Y lo segundo era hacer la historia de alguien que había tenido un papel histórico muy importante. Lo que pasa es que entre 1982 y 2002, cuando terminé el libro, ya no me interesaba tanto: era un poco como la reina de aquí: un rey ceremonial”.

Otra de las paradojas es que hace veinte años, la monarquía española era un ejemplo de modernidad, austeridad y popularidad. Todo lo contrario de lo que ocurría con la monarquía británica. Ahora, Isabel II es más popular que nunca. El hispanista ve matices en esa comparación. “En los noventa yo tenía una columna en ABC y recuerdo que una vez dije que la monarquía de Juan Carlos era de moto BMW y la de Isabel II era de carruaje de oro del siglo XVIII. Y en ese momento parecía así. Yo de las operaciones financieras del Rey no tengo ni idea porque no soy periodista de investigación y lo mío, además, son los treinta. Pero hay que tener en cuenta que la reina es una latifundista enorme. Sabemos del dinero asignado por el bolsillo público pero se sabe muy poco sobre la fortuna inmensa de los reyes británicos. La reina es una de las mayores fortunas del mundo y supongo que eso le hace más fácil mantenerse dentro del presupuesto. Aún y así, ¿cuánto han tardado en pagar impuestos?”.

“Está también la diferencia hombre/mujer: un hombre suele tener más tentaciones digamos románticas”, añade. “Si ha habido problemas de ese tipo en la familia real británica han venido del duque de Edimburgo. Luego, el tipo de tentación en la que ha caído Urdangarín la hemos visto con el príncipe Eduardo y su ex mujer. Me cuesta creer que el rey sea cómplice de las cosas que han pasado a sus espaldas. Pero tantos años de adulación tienen que afectar a cualquiera”, admite. “Hay también diferencias de personalidad. Isabel II es una persona muy fría. Si no sabes de caballos o perros, no hay conversación. Y el rey es tan afable y abierto que tiene más posibilidades de que le llegue la adulación”.

Cataluña ocupa buena parte de la conversación. “Soy hispanófilo, pero hay regiones españolas que me interesan más que otras; Cataluña primero, aunque soy también forofo de Andalucía. Hablar de independencia me parece una locura. Económicamente no favorece ni a Cataluña ni a España. Por lo demás, entiendo que es una nación, con su propio idioma, con una cultura muy definida y muy rica. Y entiendo que le molesta mucho el tratamiento que recibe de Madrid. Y creo que la situación es insostenible. Pero la solución no es independencia”.

Es preciosa la leyenda de José y el Faraón, y contiene una gran sabiduría. La leyenda nos enseña que es precisamente en los tiempos de vacas gordas cuando los gobernantes han de prepararse para los tiempos de vacas flacas, que antes o después vendrán. Habrá que reflexionar qué habremos de hacer cuando las vacas gordas vuelvan, y apuntarlo bien, que luego se olvida. Ya que no supimos guardar un quinto del grano producido como hubiera recomendado José, es importante ahora poner mucho cuidado en cómo repartimos lo que tenemos.

Los presupuestos de una familia, de una empresa o de las Administraciones públicas tienen dos grandes capítulos donde emplean los fondos: gasto e inversión. Inversión es el uso de dinero con la expectativa razonable de recuperarlo y sacarle rendimiento; gasto, el uso de dinero que no nos genera esa expectativa. Si hablamos de los presupuestos públicos, se podría decir que el gasto lo hacemos para nosotros y la inversión la hacemos para nuestros hijos.

Creo obvio que la educación primaria, la universitaria, la promoción de la ciencia y la de la tecnología son inversiones porque se pueden esperar razonablemente de ellas rendimientos futuros. Veo con mucha preocupación que se trate estas partidas como si fueran gastos. Una escuela de calidad es la garantía de que los mejores talentos se desarrollarán y producirán una generación de científicos y tecnólogos dentro de 10 o 20 años. La Universidad accesible a todos, según sus méritos y su esfuerzo, asegura la continuidad de este proceso para dentro de cinco o 10 años. Y las inversiones en fomento de la ciencia y la tecnología promocionan la conversión de todo ese talento en innovación que revertirá en nuevos productos, patentes, servicios y, en general, en sólida exportación en plazos aún más cortos.

Para trasladarlo a un área cercana a mí, la idea de que se “gasta mucho” en programas espaciales debe desterrarse por dos motivos. En primer lugar porque no se gasta sino que se invierte. Estudios económicos de entidades tan prestigiosas como la OCDE coinciden en que cada euro invertido en la actividad espacial reporta a la economía de un país entre 4 y 20 veces su valor: las posibilidades abiertas por el espacio hacen surgir infinidad de nuevos negocios y la innovación conseguida mejora los procesos de las demás industrias. En segundo lugar porque lo que se invierte no es mucho. Si repartiéramos entre todos los españoles la inversión pública de España en espacio cada año tocaríamos a... unos cuatro euros. En Europa la media es de 10, una décima parte que en EE UU. Comparémoslo con las cifras que se barajan por persona del coste de los rescates bancarios, por ejemplo. Y con esa pequeña inversión hemos conseguido que la industria y los científicos europeos sean líderes mundiales en lanzadores comerciales, satélites de comunicaciones, exploración planetaria y observación científica de la Tierra, por citar solo algunos ejemplos, y sin mencionar el efecto de las tecnologías espaciales sobre otros sectores.

En el caso español, ha costado muchos años de esfuerzo y tenacidad construir una consolidada y pujante industria espacial. Industrias, centros de investigación y universidades de nuestro país participan en prácticamente todos los programas de la Agencia Europea del Espacio (ESA), y han adquirido un gran prestigio en Europa. Llegar hasta aquí ha requerido mucho tiempo y mucho esfuerzo y es esencial mantener e intensificar las inversiones en este sector de tanta importancia estratégica.

No nos liemos ahora entre gasto e inversión, y no nos carguemos ahora las vacas flacas, sobre todo las que darán buena leche en cuanto tengan mejor pienso. Por nuestros hijos.

Pedro Duque es astronauta de la Agencia Europea del Espacio (ESA).

Decenas de miles de salafistas, seguidores de una corriente ultraconservadora del islam, han ocupado el viernes la icónica plaza Tahrir de El Cairo para pedir la aplicación integral de la sharia o ley islámica. El objetivo principal de la manifestación era presionar a la Asamblea Constituyente, que se encuentra a punto de terminar sus labores, para que apruebe una nueva Carta Magna de corte teocrático.

Durante los últimos días se han intensificado los contactos y reuniones entre los principales actores políticos egipcios para intentar aproximar posturas sobre los temas más controvertidos del borrador provisional de la nueva Constitución, hecho público a mediados de octubre. El presidente Morsi, que hasta ahora se había mantenido al margen del proceso, se reunió esta semana con varios líderes políticos para intentar ejercer de mediador en un debate que ha evidenciado la fosa que separa a las fuerzas islamistas de las laicas.

En el artículo 2 de la Constitución de 1971, se establece que los “principios de la sharia” representan la principal fuente de derecho, una expresión vaga que, a la práctica, no ha constreñido el margen de maniobra del Parlamento. Los movimientos salafistas pretenden modificar el redactado del artículo en la nueva Carta Magna, o bien añadir una nueva provisión que defina qué significa la expresión “principios de la sharia”, para blindar así la aplicación de la ley islámica

“La Asamblea Constituyente tiene que escuchar la voz del pueblo. La mayoría quiere la aplicación de la sharia”, explicaba Mohamed Zakaria, un estudiante de 23 años venido la ciudad de Assiut, situada en el sud del país. Como Mohamed, muchos de los manifestantes lucían una chilaba y un gorro blancos, la vestimenta tradicional. Otros utilizaban un atuendo occidental. Todos tenían un común una larga barba, signo identitario de los salafistas. En Tahrir había pocas mujeres, y la mayoría están ataviadas con el niqab, o velo integral.

La manifestación representa una demostración de fuerza del salafismo más inflexible, pero también evidencia la división en las filas islamistas derivada de su entrada en el ruedo político. El acto fue convocado por varios partidos y movimientos salafistas, entre ellos, el liderado por Hazem Abu Ismael, el carismático predicador que fue descalificado de los comicios presidenciales porque su madre poseía la nacionalidad estadounidense.

En cambio, no participaron los Hermanos Musulmanes, el movimiento del presidente Morsi, ni tampoco al-Nour, el partido salafista que obtuvo el 25% de los sufragios en las primeras elecciones legislativas. Ambas fuerzas, con una nutrida representación en la Asamblea Constituyente, argumentaron que no era conveniente salir a Tahrir en un momento en el que se están negociando los flecos de la nueva Carta Magna en aras del consenso.

“Los Hermanos Musulmanes tienen los mismos objetivos que nosotros, pero discrepo de ellos en la forma de hacer política. Hacen demasiadas concesiones a los grupos laicos y a Occidente”, argumentaba Ashraf Shasha, un profesor de primaria de lengua árabe. Por momentos, su voz se ahogaba entre los gritos de la multitud. “Con el alma, con la sangre, te defenderemos, islam!”, y “El pueblo quiere la ley islámica”, eran dos de los lemas más coreados.

De acuerdo con la declaración constitucional que gobierna el país tras la caída de Hosni Mubarak, el próximo 12 de diciembre termina el plazo de redacción de la nueva Constitución. Sin embargo, los Hermanos Musulmanes pretenden acelerar el proceso, ya que temen una posible disolución de la Asamblea Constituyente por parte del Tribunal Constitucional. Según los expertos, una vez la Carta Magna sea aprobada en referéndum por la ciudadanía, una sentencia del Constitucional anulando la Asamblea carecería de validez legal y política.

El comité actual que redacta la Carta Magna fue elegido después de que en abril la justicia ya declarara nula la primera Asamblea Constituyente. Los Hermanos Musulmanes son la fuerza política que cuenta con una mayor representación en el comité. No obstante, no gozan de una mayoría suficiente para aprobar el texto constitucional de forma unilateral, y deberán apoyarse en los salafistas o bien en los laicos. La manifestación del viernes puede haber eliminado las exiguas posibilidades que había de aprobar una nueva Constitución con un amplio consenso, y empujar a la cofradía a una alianza con el salafismo.

El Ayuntamiento de Madrid, regido por Ana Botella (PP), conocía las deficiencias de seguridad del pabellón Madrid Arena desde 2010, pero no las subsanó. Además, en mayo de este año encargó un informe sobre este y otros edificios municipales, lo que revela su desconfianza. Cuando estuvo listo, el 19 de octubre, arregló —según Botella— lo referido al Madrid Arena, pero sin subsanar los fallos de seguridad detectados por la concejalía de Urbanismo en 2010. Mantuvo en cambio abiertos el resto de recintos, pese a hallar deficiencias, y solo decidió cerrar dos de ellos una semana después de la tragedia.

Respecto a lo que sucedió el 31 de octubre —cuatro jóvenes murieron en una avalancha durante un concierto—, el Ayuntamiento no aclara quién vigilaba el control de acceso. Y, pese a que la alcaldesa se comprometió el pasado jueves a facilitar los informes de seguridad, ahora se niega en redondo a dar esa o cualquier otra información sobre la tragedia.

¿Son seguros los edificios municipales? El Ayuntamiento conocía desde marzo de 2010 que el Madrid Arena adolecía de graves fallos de seguridad, según un informe oficial al que ha tenido acceso EL PAÍS. Tanto es así que, cuando pidió licencia de funcionamiento para poder privatizarlo, sus propios técnicos se la denegaron. Siguió operando sin licencia, lo que según el Ayuntamiento es legal. Y siguió operando sin subsanar las deficiencias: entre otras, que los recorridos de evacuación de la pista eran insuficientes.

En mayo de 2012, el concejal de Economía, Pedro Calvo, responsable de Madrid Espacios y Congresos, encargó un informe para evaluar las medidas de seguridad de las instalaciones de esta empresa municipal, entre ellas el pabellón. El Ayuntamiento dice que lo recibió el 19 de octubre, y que antes de la noche del 31 ya había subsanado las referidas al Madrid Arena. Sin embargo, solo realizó, según fuentes municipales, modificaciones leves, y en ningún momento arregló las deficiencias detectadas en 2010. No informa si antes de las reparaciones tuvo lugar algún evento.

En otras dos instalaciones, el Palacio Municipal de Congresos y el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, no subsanó los fallos detectados. Sin embargo, siguieron abiertos hasta que el pasado jueves, una semana después de la tragedia, la alcaldesa, Ana Botella (PP), decidió clausurarlos temporalmente. En el Palacio de Congresos, por ejemplo, Les Luthiers actuó hasta el día 21 de octubre.

¿De quién dependía la seguridad? La empresa organizadora de la fiesta, Diviertt, contó con 75 porteros de discoteca de la empresa Kontrol 34, a los que, según afirma ésta, Diviertt contrató directamente. Ellos eran los responsables de distribuir, a ojo, el número de personas por planta, para que no superara el aforo marcado por el Ayuntamiento: 3.680 asistentes en pista, 3.920 en el nivel intermedio y 3.000 en el superior. Para esa labor debía haber, dentro del pabellón, al menos 63 porteros, según el plan de seguridad del Ayuntamiento. Otros seis debían estar en el control de acceso (para pedir la entrada y comprobar la edad), y seis más en el segundo control, justo a continuación, para evitar que se colaran navajas, etcétera.

Diviertt contrató además a 38 guardas de Seguriber, la empresa que vigila habitualmente el recinto, la que elaboró el plan de seguridad esa noche y con la que el Ayuntamiento le obligó a contratar. En el interior del pabellón solo había uno, en la sala de cámaras. El resto patrullaba las puertas y el área que rodea el pabellón, una vez cruzado el control de acceso. Debían evitar altercados y participar en el segundo control, requisando navajas u objetos que consideraran peligrosos. Según el contrato, el Ayuntamiento debía ser informado de cualquier empresa no homologada que trabajara esa noche en el recinto.

¿Quién controlaba el acceso? El Ayuntamiento explica que los organizadores le dijeron que habían contratado a la empresa Dato, pero, al contrario de lo que ocurre con controladores y vigilantes, no es capaz de decir cuánto personal hubo en los tornos de entrada durante la noche y, sobre todo, en el momento de la avalancha. El atestado policial dice que el aforo estaba “sobradamente sobrepasado”, aunque sin concretar, y que “un número indeterminado pero muy importante de personas” se saltaron los controles de madrugada.

¿Y la Policía Municipal? Desplegó a 14 agentes y dos mandos para establecer un cordón de seguridad de 50 metros alrededor de los tornos. Su función era distribuir el tráfico y evitar altercados. Según el Ayuntamiento, no debía intervenir en el control de accesos si no mediaba denuncia de la organización (por ejemplo, por avalancha). Fuentes municipales añaden que no la hubo. Los agentes no evitaron, como era su responsabilidad, que cientos de jóvenes hicieran botellón en la zona porque “no era prioritario”; se creyó suficiente con su mera presencia disuasoria.

¿Sabía el Ayuntamiento que se iba a superar el aforo? El contrato firmado el 24 de octubre contemplaba que el evento tuviera menos o más de 5.000 asistentes. En el primer caso, los organizadores pagarían por el alquiler 12.000 euros; en el segundo, 20.000. A fecha de contrato, Diviertt abonó el 50% de la cantidad más conservadora, es decir, 6.000 euros. Dos días después, el día 26, dijo al Ayuntamiento que esperaba de 4.000 a 6.000 personas. El Ayuntamiento elevó esa cifra a 7.000 (por precaución, dice) y se la trasladó a la Delegación del Gobierno.

En los siguientes días se vendieron presumiblemente más entradas, hasta llegar al menos a las 9.650 comunicadas el día después de la tragedia por la organización. El aforo máximo del recinto era de 10.700 personas.

La épica con la que Convergència i Unió está envolviendo la campaña electoral de Artur Mas tiene como gran objetivo conseguir la mayoría absoluta que se les resistió hace dos años. El mensaje del líder nacionalista es simple: quien quiera que Cataluña inicie el camino hacia la autodeterminación debe votar a Convergència i Unió, sea de derechas o de izquierdas. La “mayoría excepcional” que Mas no se cansa de pedir es pues la condición que el presidente catalán pone para continuar con su pulso con el Estado. La mayoría absoluta no aparece en la mayor parte de encuestas publicadas hasta ahora, pero lo que sí reflejan todas sin excepción es que el Parlamento que surgirá de las elecciones será el más soberanista de la historia. En buena medida este resultado será posible si el PSC se muestra incapaz de remontar el hundimiento que le vaticinan todos los sondeos.

Según las encuestas, los tres partidos que defienden realizar una consulta de autodeterminación con o sin la autorización del Gobierno sobrepasarán los dos tercios del Parlamento. O lo que es lo mismo: Convergència i Unió, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya sumarán como mínimo 90 diputados sobre un total de 135.

El plan B que Convergència i Unió baraja en caso de no alcanzar la mayoría absoluta parte, precisamente, de este sumatorio. Si Artur Mas no puede exhibir esta gran mayoría la noche electoral, los nacionalistas no dudarán en destacar que el camino que señala Mas cuenta con el apoyo de los dos tercios de la Cámara, convencidos de que ERC e ICV apoyarán al Gobierno de CiU al menos en su hoja de ruta soberanista.

Pero el plan de Convergència i Unió tiene más de un punto débil. Desde que Jordi Pujol consiguiera en 1980 ser investido presidente con el apoyo de Esquerra Republicana no ha habido ninguna colaboración regular entre los independentistas y Convergència i Unió. La desconfianza entre ambos partidos alcanzó cotas máximas cuando ERC prefirió por dos veces apoyar un Gobierno presidido por un socialista antes que darle la presidencia a Artur Mas en 2003 y 2006. Y en la legislatura que ahora ha terminado CiU no ha buscado el apoyo de los republicanos más que para las votaciones estrictamente identitarias. En otras palabras: la mayoría soberanista ya existía esta última legislatura, pero CiU optó por apoyarse en el PP para sacar adelante sus principales leyes.

De ahí que las reticencias a colaborar sigan siendo importantes en ambos lados, especialmente en los sectores más socialdemócratas de ERC. Artur Mas también lo tendrá difícil para encontrar el apoyo de ICV. Los ecosocialistas reiteran que no pondrán condiciones ni trabas a la consulta soberanista que busca el líder catalán, pero que para nada van a colaborar con la gobernabilidad si Convergència i Unió sigue adelante con los recortes sociales.

Con un Partido Popular que, según todas las encuestas, se mantiene en torno a los 18 diputados que ya consiguió en 2010, la clave para frenar esta gran mayoría soberanista se halla en el Partit dels Socialistes. Es el hundimiento del PSC, que podría perder hasta 10 de los 28 diputados que posee, lo que explicaría la gran mayoría soberanista. Fuentes de la dirección de Convergència i Unió admiten que la clave de su éxito está en la magnitud del fracaso de los socialistas. Y no son tan optimistas como señalan las encuestas. “La campaña electoral será esta vez decisiva; los socialistas tienen margen para crecer”, concluyen.

Iberia se enfrenta a uno de los ajustes laborales más duros de la historia de España. IAG, el holding que agrupa a la aerolínea española y British Airways tras su fusión en 2011, anunció este viernes una reducción de 4.500 puestos de trabajo, un cuarto de la plantilla, y una fuerte rebaja salarial para sacarla de las pérdidas. “Iberia está luchando por su supervivencia”, advirtió el consejero delegado de la empresa, Rafael Sánchez-Lozano, tras anunciar pérdidas récord. Los sindicatos rechazaron la propuesta y amenazaron con “una respuesta radical”.

La crisis económica española y europea, que se ha traducido en una caída del tráfico aéreo, la competencia cada vez más feroz de las aerolíneas de bajo coste y la escalada del precio de los carburantes han afectado también al grupo IAG —el tercero del sector en Europa tras Air France-KLM y Lufthansa—, arrastrado principalmente por su división española. “Nuestros problemas son estructurales y anteriores a la situación actual del país”, indicó Sánchez-Lozano en un comunicado. La aerolínea española pierde 1,7 millones de euros diarios. Además, tiene que hacer frente a rivales cada vez más fuertes en América Latina, uno de sus destinos estrella. Los números rojos afectan a todos los mercados, según la empresa.

La salvación de Iberia prometida por la cúpula se hará a través de un duro ajuste. Además de la reducción del 22,5% de la plantilla (en la actualidad, unos 20.000 empleados), que quiere hacer aprovechando la reforma laboral con indemnizaciones máximas de un año de salario, la aerolínea plantea rebajas de sueldo del 25% al 35% para la plantilla que siga en la compañía, recortará un 15% sus vuelos en 2013 “para centrarse en las rutas rentables” y prescindirá de 25 aviones, 5 de largo radio y el resto de corto. Además, se suspenderán ciertas actividades de mantenimiento y handling deficitarias.

Con estas medidas, Iberia espera detener el deterioro de caja a mediados de 2013 (destrucción de 468 millones en lo que va de año) y mejorar sus resultados operativos en 600 millones de aquí a 2015. En los primeros nueve meses del año, las pérdidas fueron de 262 millones, frente al beneficio operativo de 285 millones registrado por la otra pata del holding, British Airways, que sufre menos la caída del tráfico en Europa gracias al impulso que supone el aeropuerto de Heathrow.

La empresa da de plazo a los sindicatos para negociar hasta el 31 de enero. Si no hay acuerdo, la dirección amenaza con un ajuste más drástico. Tras reunirse con representantes de Iberia, los sindicatos UGT, CC OO y Sepla (pilotos) rechazaron la propuesta. “Es un insulto a la inteligencia”, explicó a este diario Manuel Atienza, de UGT. “No se puede negociar nada sobre esta base”, aseguró, “porque significa el desmantelamiento de Iberia”. Los sindicatos exigen que se negocie un “verdadero” plan de viabilidad y, para conseguirlo, se declaran dispuestos a “ejercer cuantas acciones sindicales sean precisas”, incluida la huelga.

Los 4.500 despidos están lejos de los 7.000 que temían los sindicatos hace unas semanas, pero se trata de uno de los mayores ajustes laborales por volumen presentados en España y el mayor tras la aprobación de la reforma laboral, en junio pasado. La reducción de plantilla afecta a 537 pilotos (uno de cada tres), 932 tripulantes de cabina y 3.030 personas de los servicios en tierra y servicios centrales.

Detrás de la crisis de Iberia, hay más de una teoría. La empresa asegura que, además de la crisis y las low cost, los problemas son estructurales y vienen de lejos, fruto de unos costes inasumibles en el presente. “Durante demasiado tiempo, la estrechez de miras y los intereses de unos pocos han dañado el futuro de muchos”, dijo Willie Walsh, consejero delegado de IAG, para asegurar que pase lo que pase la compañía tomará las decisiones que considere oportunas.

La teoría de los sindicatos es bien distinta. Afirman que desde que British Airways e Iberia se fusionaron la aerolínea española ha ido perdiendo peso y actividad en favor de otras compañías de bajo coste participadas por IAG, como Vueling, y desde marzo pasado Iberia Express, cuya situación legal no se ha aclarado dado que los pilotos han denunciado su ilegalidad y aún no hay una decisión judicial al respecto.

Los analistas aplaudieron los ajustes, al menos en principio. “Es clave la reestructuración de Iberia, que básicamente busca una estructura de costes más eficiente para poder competir con las low cost y hacer rentable negocios que no lo son”, según los analistas del Banco Sabadell. “La determinación de la compañía es firme. La clave es dejar de perder dinero y destruir caja”, concluyen en una nota. Estos expertos calculan que las indemnizaciones por despido rondarán los 300 o 350 millones que, a su juicio, podrían financiarse con la venta de parte del 7,4% en Amadeus.

“Iberia tiene que probar la medicina que ya ha probado British Airways en el pasado”, afirmó el analista del sector John Strickland, de JLS Consulting en Londres, informa Bloomberg. El último conflicto fue hace dos años, cuando los sindicatos que agrupan a los tripulantes de cabina de la aerolínea británica convocaron una huelga contra la decisión de la empresa de reducir los salarios. En los últimos meses también han anunciado ajustes laborales u otras medidas de ahorro Air France-KLM, Lufthansa, Finnair y TAP, entre otras. El sector prevé perder este año en Europa 1.200 millones, tras ganar 1.900 millones en 2010.

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, sufrió el pasado 30 de octubre una bajada de tensión que le obligó a cancelar su agenda durante 24 horas. A consecuencia de aquella situación, su equipo médico habitual adquirió una relevancia diplomática fuera de lo común cuando difundió un comunicado en el que desvelaba una de las grandes incógnitas de la agenda internacional inmediata de Argentina. ¿Asistiría la presidenta a la cumbre de Cádiz de los próximos días 16 y 17? ¿Habría foto de ella junto al rey Juan Carlos? Durante esos dos días, en que se festejará el 200 aniversario de la Constitución liberal de 1812, podría quedar reflejada la ascendencia de España en Iberoamérica. Consciente de la importancia de la cita y también de los intereses económicos que unen a España y Argentina, el Gobierno de Mariano Rajoy se había esforzado en iniciar una nueva etapa de diálogo tras los desencuentros por la expropiación de Repsol el pasado 16 de abril. Varios secretarios de Estado argentinos participaron en algunas reuniones preparatorias de la cumbre. Parecía una buena señal, pero Fernández seguía sin pronunciarse. Hasta que el pasado jueves sus médicos dijeron no. La causa oficial es que para “evitar un esfuerzo adicional en la agenda de actividades de la señora presidenta” se ha “desaconsejado su concurrencia”. En su lugar podría acudir el vicepresidente, Amado Boudou, quien se encuentra sometido a una investigación judicial por supuesto tráfico de influencias.

Los doctores Luis Buonomo y Marcelo Ballesteros ya le prescribieron a la presidenta 24 horas de reposo el 30 de octubre ante un cuadro de “hipotensión arterial leve”. Fernández, que se había levantado algo débil y con mareos, permaneció en la residencia oficial de Olivos. Pero tras el descanso de rigor, retomó su actividad y acudió en los últimos ocho días al menos a cinco actos públicos donde pronunció cinco discursos.

Las dos últimas alocuciones las pronunció Fernández el mismo jueves en que los médicos desaconsejaban el viaje. En ninguna de ellas Fernández aludió a la cumbre. Entre tanto, los médicos difundían un comunicado en el que hablaban del desajuste horario a causa de las “40 horas de vuelo” y el jet lag que supone el viaje para estar 36 horas en Cádiz.

Los esfuerzos diplomáticos del Gobierno español para conseguir la mayor afluencia posible a la cumbre de Cádiz llevaron incluso a pedir al presidente de Paraguay, Federico Franco, que se abstuviera de acudir. Franco accedió al poder en junio tras la destitución en menos de 48 horas de Fernando Lugo. Tras ese hecho, que Fernández calificó como “golpe suave”, la mayoría de los jefes de Estado de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y del Mercado Común del Sur (Mercosur) se negaron a reconocer la legitimidad de Franco. Y la asistencia de algunos de ellos a Cádiz quedó supeditada a la ausencia del presidente paraguayo. El Ejecutivo español se empleó a fondo para convencer a Franco de que no viniese.

Más de seis meses después de la expropiación del 51% de Repsol, el Gobierno argentino no logra encontrar capital extranjero para invertir en los yacimientos de la zona de Vaca Muerta; las ganancias netas de YPF en el primer trimestre tras la expropiación cayeron un 51%; y lo que la compañía llama “confiscación” está a punto de llegar a los tribunales internacionales, tras concluir el plazo de seis meses que la ley fija para un acuerdo amigable.